Decir que México tiene “demasiados” consulados en Estados Unidos es una afirmación falsa y desproporcionada impulsada desde la oposición en México.
Pero más grave aún es intentar presentar la protección consular como si fuera propaganda política. Esa acusación no solo desinforma: busca deslegitimar una función esencial del Estado mexicano.
La red consular mexicana en Estados Unidos atiende a una de las comunidades migrantes más grandes del mundo. Millones de mexicanas, mexicanos y personas de origen mexicano viven, trabajan, estudian y forman familias en territorio estadounidense. Muchas de ellas enfrentan riesgos concretos: detenciones migratorias, deportaciones, separación familiar, abuso laboral, violencia, falta de documentación, discriminación y obstáculos para acceder a servicios básicos.
Por eso, la función consular no puede reducirse a una disputa partidista. Los consulados no existen para adoctrinar; existen para proteger.
Hagamos un ejercicio comparativo con Estados Unidos para desmontar la idea de que México tiene una red “excesiva”. Estados Unidos cuenta con 21 consulados en México para atender a cerca de 1.6 millones de estadounidenses; México cuenta con 53 consulados en Estados Unidos para una comunidad de aproximadamente 40 millones de personas de origen mexicano. En términos simples, Estados Unidos tiene en México una oficina consular por cada 76 mil estadounidenses, mientras que México tiene en Estados Unidos una por cada 755 mil personas de origen mexicano. La comparación no busca plantear que el debate deba centrarse en abrir más oficinas, sino evidenciar una realidad elemental: la presencia consular mexicana no es un exceso, sino una respuesta institucional frente al tamaño, las necesidades de una comunidad históricamente vinculada con México.
El fundamento legal está en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la cual establece en su artículo 5, que una de las funciones consulares es de protección.
En México, además, el artículo 1º constitucional obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esa obligación no desaparece cuando una persona mexicana cruza una frontera. El Estado mexicano tiene el deber ético, jurídico y humano de acompañar a sus nacionales en el exterior, especialmente cuando enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
Por eso es falso y deshonesto afirmar que la asistencia consular es “adoctrinamiento”. Brindar orientación jurídica no es adoctrinar, como tampoco lo es expedir documentos. Auxiliar a una persona detenida o acompañar a una familia separada no es adoctrinamiento de izquierdas. Como tampoco lo es defender la dignidad humana de una persona mexicana en el extranjero, es un deber ético y humano además de una obligación del Estado.
Que Morena defienda la justiciabilidad de estos derechos no convierte la protección consular en propaganda. Al contrario: tenemos un compromiso ético por los derechos humanos y la dignidad humana.
